A principios de 2023, el gobernador Ron DeSantis firmó una ley de reforma de agravios que introdujo modificaciones importantes en el manejo de los casos de lesiones personales en Florida.
El estatuto reduce el límite de tiempo para presentar una demanda, otorga un período de gracia de 90 días a las aseguradoras en reclamos de mala fe, disminuye las compensaciones potenciales en las demandas y cambia considerablemente el manejo de los casos.
Es vital estar informado sobre estas novedades, ya que pueden impactar considerablemente el proceso de tu reclamación. Consulta con un abogado con experiencia en lesiones personales para asegurarte de tomar las decisiones correctas.
El proyecto de ley establece un plazo más estricto para presentar demandas por lesiones personales. En ese sentido reduce el tiempo de los casos de lesiones personales a dos años, tiempo similar al que ya se exige en Florida en los reclamos relacionados con negligencia médica y muertes por negligencia. A partir de estas transformaciones las víctimas necesitan actuar con mayor rapidez para presentar sus reclamos y buscar asesoramiento legal de inmediato.
La reforma también cambia el estándar de "negligencia comparativa pura" a "negligencia comparativa modificada". Antes, bajo la norma de negligencia comparativa pura, el jurado asignaba porcentajes de responsabilidad entre el demandante y el demandado, y el demandante podía recibir una compensación incluso si era mayoritariamente culpable.
Sin embargo, con el nuevo sistema, si el jurado entiende que el demandante es más del 50% responsable del incidente, no será elegible para recibir ninguna compensación. Este cambio puede tener un impacto significativo en los resultados de los casos de lesiones personales.
La nueva ley exige que las pruebas de daños ya pagados por atención médica reflejen la cantidad efectivamente pagada. Los gastos médicos, tanto actuales como futuros, resultan un elemento clave en los casos de lesiones personales, por lo que las modificaciones a la ley limitan la forma en que se presentan estas pruebas y afectaría los beneficios que los demandantes pueden reclamar. La regulación también proporciona ejemplos de evidencia aceptable para probar los daños y costos.
La reforma introduce cambios en las demandas por mala fe contra las aseguradoras, previamente reguladas por un estatuto de 1982. Estas demandas, en general, acusan a las compañías de seguros de no investigar adecuadamente o de fallar en el procesamiento de un reclamo, incumpliendo así con sus obligaciones contractuales.
Con la nueva ley, una compañía de seguros no será considerada culpable de mala fe si, dentro de los 90 días posteriores a la notificación del reclamo, evalúa el caso y paga el monto máximo permitido por la póliza o la cantidad demandada. Asimismo, se especifica que la negligencia por parte de la aseguradora ya no será suficiente para justificar una demanda por mala fe.
Además, el estatuto establece que tanto el asegurado como su representación legal tienen la obligación de actuar "de buena fe". Esto incluye proporcionar información relevante sobre el reclamo, establecer plazos razonables y colaborar en la resolución del caso. Estas medidas buscan equilibrar las responsabilidades de ambas partes en el manejo de los reclamos y reducir las disputas legales prolongadas.
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